El Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia de los puertos supone un paso decisivo en el camino iniciado hace más de veinte años por las autoridades comunitarias para someter plenamente la gestión de las infraestructuras portuarias – fundamentales para el futuro de la Unión – al Derecho de la Competencia.
El autor, doctor en Derecho y gran conocedor de la legislación portuaria española, analiza en profundidad la incidencia que la nueva norma comunitaria puede tener en la regulación de los puertos de interés general y el sistema portuario de titularidad estatal.
