La democracia española padece serios problemas conocidos desde los años ochenta del pasado siglo. En el siglo XXI, numerosos autores han definido recientemente nuestro sistema como de baja calidad o han insistido en el deterioro democrático e institucional por la corrupción y el descrédito de las instituciones. La Constitución de 1978 no es la causa del deterioro institucional. La responsabilidad recae en la ausencia de lealtad constitucional de los partidos nacionalistas periféricos y por la ambición desmedida de concentración de poder de todos los presidentes de Gobierno. Los presidentes, en lugar de respetar la esencia de una monarquía parlamentaria, han constituido, por medio de leyes orgánicas y ordinarias, una suerte de presidencialismo; un cesarismo caracterizado por la preponderancia del poder ejecutivo y una invasión y neutralización del conjunto de las instituciones. ¿Abandonamos toda esperanza? Todavía no hemos entrado en el infierno de Dante, aunque el riesgo siempre existe. La libertad y la democracia son dos bienes precarios; tienen innumerables enemigos. La recuperación democrática no sólo es posible; es necesaria.
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