La función jurisdiccional del Estado precisa, para otorgar adecuada solución a los problemas jurídicos de los ciudadanos, de un sistema de impartición de justicia ágil, rápido y, fundamentalmente, eficaz. La eficacia y utilidad de esta función jurisdiccional exige que sus pronunciamientos sean, a partir de un determinado momento, inalterables y obligatorios para las partes, y vinculantes para los terceros.
La eficacia de la justicia depende, en gran medida, de la institución de la cosa juzgada, que viene a significar, en esencia, la inalterabilidad, inmutabilidad e invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes y la obligatoria vinculación de su contenido dispositivo por quienes hayan sido parte en el proceso.
